Las siglas suenan a espionaje, a servicio de inteligencia. Pero no, no es eso, se trata de algo muy diferente, del Salario Mínimo Interprofesional. “El SMI fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo de 40 horas semanales, sin distinción de sexo o edad de los trabajadores”.
Lo complicado, al parecer, estriba en el concepto de “Mínimo”. Mínimo, según la RAE, en su primera acepción es: “Tan pequeño en su especie que no lo hay menor ni igual”; mientras que en la cuarta sería: “Límite inferior, o extremo a que se puede reducir algo”.
Pero, ¿mínimo para qué? Hay otra visión, que entiende por mínimo la cantidad básica y suficiente para cubrir una necesidad… ¿qué dinero necesito para tener una vida digna con mis necesidades básicas cubiertas, aquellas que la propia Constitución pretende garantizar? Parece que en este caso se objetiva mejor el concepto ”mínimo” y debería ser esta última visión la que lo definiera.
Aquí encontramos dos ideas contrapuestas. Dejar el SMI lo más bajo posible y allá se apañen el currante para sobrevivir, pluriempleándose, chalaneado pícaramente o cobrando en B trabajos de difícil fiscalización, todo ello dentro de un mercado libre de corte neoliberal, donde el sujeto es una herramienta productiva en competencia, a la vez que cliente, en un mundo globalizado. Este planteamiento suele sustentarse en la idea de que quien crea empleo es el empresario y a él se le ha de engordar la cuenta para que invierta. Hay otra forma de entender, valorar o enmarcar la idea de mínimo; se trata de darle un significado de justicia solidaria desde el Estado, cuyo compromiso social radica en lograr, o garantizar, el bienestar de la sociedad, de la ciudadanía, mediante la dignificación del trabajo productivo; o sea, el salario mínimo requerido para garantizar ese bienestar o vida digna.
Por tanto, el SMI debería ser aquel que cubriera las necesidades básicas del asalariado, incluyendo en ellas la alimentación, vivienda, educación, sanidad y todo lo necesario para disfrutar de una vida con cierta dignidad. Si usted trabaja, si dedica parte de su vida a ejercer una actividad productiva en beneficio de la sociedad, lo mínimo que esta puede otorgarle es el derecho y los recursos para vivir con sus necesidades básicas cubiertas.
Sin embargo, podemos ver actitudes insolidarias, cínicas en muchos casos, pues son, precisamente, aquellos que más ganan los que niegan el pan y la sal al asalariado, mostrando el catastrofismo al que nos llevaría una subida, por otro lado miserable, del SMI. En ese espectáculo estamos. Hay gente que no se merece lo que gana y otra que no gana lo que se merece, pero, en todo caso, si trabaja, merece un salario digno.
Resulta de una especial inequidad, de míseras conciencias codiciosas y bajeza moral, la actitud egoísta de quienes teniendo sus espaldas bien guardadas, se oponen a que sus conciudadanos, que ejercen un trabajo muchas veces con mayor fatiga y esfuerzo que ellos, tengan unos ingresos mínimos para cubrir sus necesidades básicas, argumentando y pronosticando debacles económicas por tales subidas, cuando los “macrosueldos” de cargos intermedios o directivos les otorgan abundantes recursos. La catadura moral de estos personajes queda en entredicho. No parece creíble que el responsable de la debacle sea el incremento del SMI en 35 euros y no esos “sueldazos” y prebendas de los bien situados.
Este país no levantará cabeza hasta que su economía y su mercado se vayan acercando a los estándares europeos. Tal vez por eso, la UE, aconseje y defienda que el SMI de cualquier Estado miembro sea, como mínimo, de un 60% de la media de todos los países. El mercado necesita dinero circulante para dinamizar la economía. Para comprar se ha de tener flujo económico. No se trata de incrementar el poder adquisitivo del trabajador bajando los impuestos y descapitalizando al Estado, dejándolo insolvente para cubrir los servicios a la ciudadanía que ha de mantener, sino de dignificar el sueldo dando solvencia para generar consumo y dinamizar el mercado. Otra cuestión es exigir la eficiencia en la gestión y gasto de los impuestos.
Parece una aberración política, económica, social y humanitaria esa actitud que crea y potencia la asimetría salarial cada vez más, incrementando el gradiente entre la pobreza y la riqueza. No nos engañemos, algo no ha de ir bien en esta sociedad cuando un sujeto es capaz, en su corta vida, de fraguar una inmensa fortuna de miles de millones de euros, mientras sus trabajadores, muchas veces en países tercermundistas, campan en la miseria más absoluta. Aplicable es a estos casos lo dicho por Balzac: “Detrás de toda gran fortuna siempre hay un delito”, o lo que es lo mismo, una injusticia.
Antonio Porras Cabrera
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