La corrupción política en los distintos países del mundo está en apogeo debido a que ciertos profesionales de la política actúan de forma amoral, críptica, y degradante, anteponiendo sus intereses particulares y/o ajenos a los de la sociedad que gobiernan, ya que “la corrupción, refiere Montesquieu, raras veces comienza por el pueblo”, y cuando comienza por este, los responsables más directos de tal desaguisado son los propios políticos, aunque estos lo nieguen a bombo y platillo.
Por lo tanto, estos comportamientos corruptos perjudican al conjunto de cualquier ciudadanía, que condena esta falta de conciencia ética y de transparencia en quienes tienen el deber de servirlo y beneficiarlo. “El político recto, dice Benito J. Feijoo, nada se arriesga en el camino y tiene poco que temer en el término”, ya que actúa de forma totalmente correcta.
Este tipo de corrupción, contrariamente a lo que podría pensarse inicialmente, no es solo responsabilidad del sector oficial, del Estado o del Gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente al sector privado. Los desfalcos, las recalificaciones ilegales, los enriquecimientos rápidos, en definitiva, toda clase de corruptela está a la orden del día, así como el mentir, difamar, calumniar y acusar sin pruebas al adversario.
Cuando la honestidad y la veracidad brillan por su ausencia en los políticos, gobernantes o en la oposición, es imposible que los proyectos se conviertan en realidades sólidas y duraderas para el bien común de la comunidad. Por consiguiente, menos palabrería demagógica y más ejemplaridad es lo que demanda la sociedad a sus representantes legítimamente elegidos y a sus contrincantes; menos abrumar con leyes y más leyes, con reformas de códigos y estatutos, y más trabajar recta y sinceramente en conciencia para bien del estado de derecho y para optimizar todos los estratos de la sociedad en especial los más necesitados.
Del mismo modo, la corrupción política, además de acrecentar la incredibilidad y la desconfianza en el pueblo con respecto a sus políticos, saca a la luz las ineptitudes y deficiencias y opacidades de los legisladores para la elaboración y reforma de leyes y normas. Si la corrupción es en el poder judicial, ciertamente la Justicia, a causa de sus miserias, pone en riesgo al estado de derecho.
Ciertamente la mayoría de los ciudadanos de cualquier país democrático del orbe demanda que la transparencia debe estar institucionalizada como un mecanismo autónomo a los poderes políticos, ya que “en política, sostiene Ramón y Cajal, todo necio es peligroso mientras no demuestre con hechos su inocuidad”.
Normas de uso