El alcalde cree posible construir 250 VPO en esta legislatura, aunque supeditadas a ayudas de otras administraciones

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, se comprometió, durante el pasado Pleno ordinario de agosto, a poner en marcha en este mismo mandato municipal un parque de 250 nuevas viviendas de promoción pública, preferentemente para alquiler, y deja claro que existe suelo público suficiente para poder afrontarlas. No obstante, lanza un mensaje muy claro: su construcción y puesta en el mercado está supeditada a que el Gobierno central y la Junta de Andalucía las subvencione para poder lanzarlas a un precio asequible y a medida de los ingresos de las familias solicitantes, que ha sido el gran problema de estos últimos años.

El regidor, durante su intervención plenaria, indicó que se encuentra en plenas negociaciones con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para conseguir más terrenos en Alhaurín de la Torre, que son propiedad de esta entidad creada en 2012 para adquirir aquellos inmuebles propiedad de los bancos que quedaron sin vender debido a la fuerte crisis económica que colapsó el mercado.

Villanova considera que será una negociación “dura”, ya que la SAREB ha llegado a pedir hasta 3 millones de euros por dos manzanas de viviendas, “lo cual es una barbaridad”, y confía en que el nuevo Gobierno central que se constituya afronte de una vez por todas el acceso a esos activos inmobiliarios a mejores precios, tal como el propio alcalde ha llegado a decir en el foro de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en su calidad de vicepresidente primero.

Según el regidor, la antigua LOUA de la Comunidad Autónoma exigía que el 30% del suelo municipal debe destinarse a VPO, “y nosotros tenemos ese suelo”, aunque la nueva Ley de la Vivienda recién aprobada a nivel estatal aumenta la superficie al 40%. No obstante, el primer edil considera que esto representa “papel mojado” si luego los promotores dejan desierta su ejecución “porque no les interesa trabajar al precio tasado por metro cuadrado al no dejar margen de ganancia. De nada sirve disponer el suelo si no hay otros mecanismos reguladores”.

La apuesta que hace Villanova es muy simple: los ayuntamientos han de contar con los terrenos, que aportan gratis; deben existir bonificaciones de las tasas e impuestos locales del 95% para estimular la construcción y son indispensables las ayudas públicas de 50.000 euros por vivienda para que el alquiler resulte asequible a los bolsillos. Ese parque de viviendas pertenecería a los ayuntamientos, que se encargarían de la gestión y asignación de acuerdo a las bolsas de solicitantes y los baremos. “En función de que vayan llegando las subvenciones estatales, afrontaremos promociones de 30, de 60, de 100 VPO… hasta llegar a ese tope de 250 en cuatro años. Lo vamos a demostrar, pero necesitamos lealtad institucional y compromisos claros del resto de administraciones. Este Ayuntamiento tiene sus deberes hechos y recogidos tanto en el PGOU como en los presupuestos municipales”, agregó.