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Andalucía, la comunidad autónoma con más fraude al seguro de España


Un informe sitúa a la región andaluza como la comunidad autónoma española donde la tasa de fraude al seguro es mayor. Este estudio, elaborado por la multinacional francesa referente en el sector Axa Seguros, tiene su origen en los datos extraídos por la empresa a partir de su cuota de mercado geográfica y dejan entrever una serie de conclusiones interesantes que no dejan en muy buen lugar a Andalucía y algunas de sus provincias.

El análisis llamado VII Mapa AXA del Fraude en España apunta que el pasado año 2020, a pesar de los meses de estricto confinamiento, la tasa de fraude al seguro a nivel nacional creció hasta el 2,21%, superando así el índice situado en 1,94 del año 2019. Las comunidades autónomas donde esta tasa es mayor son Andalucía, con un 3,41%, y Cantabria, con un 3,39%. Mención especial merece la ciudad autónoma de Melilla, donde la tasa asciende hasta el 9,07%, muy por encima del resto de cifras recabadas en otras provincias o regiones.

Este aumento nacional también se ha hecho notar en Andalucía, donde se ha pasado de un 2,87% en 2019 a un 3,41% en el 2020. Por su parte, Málaga se encuentra entre las tres provincias más destacadas -siempre dejando al margen Melilla- de esta particular clasificación con un 3,76% de tasa de fraude. Le acompañan en esta zona destacada otras dos provincias de la región como son Almería, líder con un 4,45%, y Cádiz, en segunda posición con un cercano 4,44%.

Por el contrario, las comunidades autónomas donde menor es la tasa de fraude al seguro son Madrid con un 1,21%, País Vasco con un 1,45% y Castilla-La Mancha y Cataluña empatadas con un 1,79%. Es el segundo año consecutivo que estos cuatro enclaves son los cuatro que menos defraudan al seguro. 

Pero, ¿qué es exactamente un fraude al seguro?

Una vez analizados los datos, queda aclarar qué es concretamente un fraude al seguro y cuándo se podría producir. Para conocer estos detalles en profundidad de un concepto que parece tan amplio, el abogado especialista en responsabilidad civil y derecho de seguros en Málaga, Juan Torroba, aclara que “el fraude al seguro se produce cuando alguien intenta obtener, mediante una reclamación o una entidad aseguradora, la reparación de un daño que no ha sufrido”. De tal manera que la finalidad sea “obtener un enriquecimiento injusto, proscrito por nuestro ordenamiento jurídico”. 

Desde el punto de vista de las aseguradoras la idea es similar y ellas “suelen considerar fraude todo acto llevado a cabo por el beneficiario de una prestación, con vistas a obtener un beneficio que no le corresponde”. A lo que añade que “siempre que se habla de fraude al seguro se está hablando de fraudes detectados y la mayoría de los fraudes detectados se producen en un mismo ámbito: el del aseguramiento de vehículos”. 

¿Cuáles son las formas más habituales de hacerlo?

Lo cierto es que Juan Torroba reconoce que “el fraude puede revestir muchas formas y puede ir desde lo más simple a lo más complejo”. Dado que existen multitud de ejemplos con los que tratar de lograr una indemnización, él explica que “los más frecuentes son la simulación de un accidente con vistas a reclamar, hasta la inclusión dentro de la reclamación de lesiones u otros perjuicios que no se han sufrido realmente”.

Es el caso mismamente, por tratar de ser ilustrativos, de “una persona que habiendo sufrido un accidente de tráfico, aprovecha para incluir en la reclamación el móvil cuya pantalla se había roto con anterioridad”. O por ejemplo “otra persona que miente sobre su salud a la hora de contratar un seguro privado con la finalidad de que le cubra una enfermedad que ya padece”.

No obstante, y en contra de lo que popularmente puede parecer, el propio letrado asegura que estos problemas no suelen ser muy frecuentes y “generalmente se trata de algo realmente anecdótico y de ‘lesionados’ con un patrón similar, que replican sospechosamente poco cuando se les comunica que su asunto finalmente no va a tramitarse”. 

Riesgo más allá de lo penal

Si bien es cierto que aquellas personas que incurran en estos actos delictivos podrían enfrentarse a las consecuencias aparejadas al delito de estafa, lo cierto es que las propias aseguradoras suelen tomar medidas preventivas y al margen de la rescisión del contrato con el cliente, “se suele incluir al defraudador en una ‘lista negra’ (denominación vulgar) que es un fichero de prevención del fraude que tiene UNESPA, la patronal del sector asegurador”. Y ya no es sólo eso, sino que todo aquel que incurra en un delito de fraude “suele perder el derecho que tenía a obtener una indemnización”. Algo que no es pecata minuta e invita a pensárselo dos veces antes de plantearse cualquier intento de engaño. 

 

 

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