La Junta considera “del todo inoportunas” las declaraciones del alcalde de Alhaurín de la Torre sobre el plan de gestión de riesgo inundaciones

Resulta del todo inoportuna las declaraciones del alcalde de Alhaurín de la Torre sobre todo cuando estamos siendo testigos recientemente del desastre y del caos, con cuantiosos daños materiales y pérdidas de vidas humanas, en los Estados Unidos como consecuencia del paso del huracán Harvey, sobre todo en la ciudades de Houston y Texas. El fenómeno meteorológico no es el único responsable de estas pérdidas en vidas humanas sino fundamentalmente, el desarrollo urbanístico en zonas inundables sin las medidas de defensa que protejan a la población ante este tipo de fenómenos.

El plan de gestión de riesgo inundaciones se trata de un instrumento que trata de poner de relieve las situaciones de riesgo en la zona continental por las grandes avenidas de los ríos o las costeras por efecto el mar. Por tanto se trata de un instrumento y que viene a proteger a los ciudadanos y a ser útil en la ordenación y crecimiento de las ciudades, teniendo en cuenta que tienen que salvar esas amenazas.

No parece responsable las manifestaciones del alcalde que parece defender otros intereses en lugar de pensar en la protección de sus ciudadanos y de sus intereses, que se ponga por encima el valor de la especulación urbanística al de la vida y la seguridad de las personas.

Además miente de una manera consciente puesto que se refiere a falta del informe de incidencia territorial para después decir que es negativo, cuando no solo forma parte del procedimiento este informe y existe, sino que además es favorable al plan de gestión.

Además el plan de gestión ha pasado por todos los órganos de participación del agua, para el comité de autoridades competentes en la que están presentes los representante de las administraciones locales, por el Consejo andaluz del Agua y por los consejos Andaluz y Nacional de protección civil, por el Consejo Nacional del agua y finalmente ha sido aprobado mediante Real decreto por el gobierno de la nación.

Por tanto, ha pasado por todos los órganos y ya pasado por las distintas fases del procedimiento de aprobación que establece tanto la normativa estatal como la directiva de inundaciones.

No se trata de un capricho del gobierno andaluz y sino que se trata de un instrumento que es de obligado cumplimiento de todos los territorios de la unión europea y por supuesto en todas las cuencas hidrográficas de España

El litigar jurídicamente contra un instrumento que sirve para proteger a los ciudadanos, realizado con estudios técnicos para adelantarse a los acontecimientos futuros, para intentar eludir la normativa que limitan las construcciones en la zona de riesgo por inundabilidad, no es sino una visión economicista y cortoplacista que no defiende el interés general. Además oponerse jurídicamente al plan de gestión de riesgo de inundaciones para eludir las limitaciones de uso en zona inundable, no va a evitar que esa zona deje de ser inundable.

Las limitaciones de uso de la zona inundable no se establecen por ningún plan sino que es la constatación técnica de una superficie inundable, supuesto jurídico relevante para que se aplique la normativa aplicable.

No estante por parte de la junta Andalucía se está haciendo un esfuerzo importante por dar viabilidad técnica a las actuaciones que con la cobertura de un plan subregional o de planes urbanísticos puedan desarrollarse con las medidas correctoras necesarias y sin poner en riesgo la vida y los intereses de las personas.

En el caso de Málaga y concretamente a los municipios afectados por la zona inundable del Guadalhorce estamos esperando la implicación y rápida actuación del Gobierno de la Nación en una actuación declarada de interés general del Estado, como es la ampliación de la capacidad del encauzamiento del Guadalhorce, que evitaría que gran parte de la superficie inundable en el tramo final del rio lo fuera. Por eso sería mucho mejor que los alcalde populares de Málaga y de Alhaurín reclamase la actuación urgente al gobierno de la Nación en el Guadalhorce para evitar los problemas de inundaciones, antes que atacar a los instrumentos que sirven para proteger a los ciudadanos.