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Una injusticia por un euro y un error administrativo


Hay ocasiones en las que algunas normas resultan tan rígidas para evitar posibles contravenciones con pequeños actos que terminan resultando totalmente injustas, desgraciadamente. Este lamentable hecho se puede observar más frecuentemente de lo que seria conveniente. Solo hay que analizar superficialmente el ordenamiento jurídico español.

En el diario El Mundo se publicó una triste noticia que terminó originando otra bastante buena. Un joven que estudia un curso Grado Superior de formación profesional para Educación Infantil en Málaga se había quedado sin una beca de 2500 euros para el presente curso académico por la rigidez de un reglamento, aunque el chico tiene una nota media superior al nueve.

El padre del joven que es protagonista de la historia indicada consiguió una subvención por el Plan PIVE, con la que quería financiar la adquisición de un nuevo vehículo de trabajo. La prestación produjo, por lo visto, un incremento en el patrimonio familiar que puedo ocasionar, por un euro, el incumplimiento del requisito relativo a los recursos económicos que deben tener las familias para conseguir la beca de estudios. Sin embargo, Hacienda descubrió un error al revisar los datos, que habían sido mal computados tras duplicar, accidentalmente, la cuantía de la subvención del Plan PIVE, de modo que el chico recibirá la beca, aunque hay muchos que han sufrido sin arreglo una situación como la suya.

Por lo sucedido, pueden comentarse algunos aspectos. Principalmente, habría que hablar de la elaboración de las normas jurídicas.

Las normas deben garantizar su propio cumplimiento. Sin embargo, no deben terminar generando efectos perversos que perjudiquen a aquellos que deberían ser protegidos.

Lo kafkiano es que no resulta difícil encontrar normas administrativas que ofrezcan opciones para poder actuar indebidamente. Un ejemplo es la normativa de contratos administrativos, que no ha servido para reducir la corrupción pública.

Los que hacen las normas procuran ser estrictos, pudiendo llegar a ser demasiado rígidos en bastantes ocasiones. Sin embargo, en algunos momentos, muestran una laxitud bastante curiosa que puede servir para beneficiar a unos pocos.

El Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, y algunas normas vinculadas deben ser revisadas y modificadas. El problema esencial es que no parece que sea algo necesario para los que ejercen funciones relacionadas con la educación en España.

El PSOE ha iniciado la actividad parlamentaria para evitar situaciones que no deberían producirse en relación con las becas. Lo mejor para todos será que se logre efectuar la reforma propuesta por ese partido político.

 

 

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