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Un proceso judicial por 41 cargos públicos


Una sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga ha dictado sentencia declarando la falta de validez del nombramiento de 41 personas como altos cargos en la Diputación Provincial de Málaga. La noticia se ha podido conocer gracias a La Opinión de Málaga.

La cantidad de personas que fueron efectivamente enchufadas en el ente provincial indicado mediante una simple reunión es considerable. Por eso mismo, se podría decir que no se perdió el tiempo en los nombramientos y tampoco en los trámites jurisdiccionales que se tuvieron que desarrollar para evitar los efectos de la arbitrariedad en el caso narrado.

El proceso se inició por un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el abogado Felipe Navarro en el ejercicio de los derechos del sindicato CGT. El escrito incluía una argumentación que se basa en la existencia de arbitrariedad y en la utilización indebida de figuras administrativas, como la comisión de servicios especiales o la provisión temporal, para poder seleccionar libremente a personas que tenían que ocupar cargos cuyo nombramiento debe hacerse realmente mediante procedimientos de oposición en los que los candidatos concurran en condiciones de igualdad para demostrar sus méritos y su capacidad.

Resulta verdaderamente triste que la Diputación Provincial de Málaga intentara evitar el cumplimiento de la normativa administrativa en lo que al nombramiento de altos cargos se refiere con la aplicación de artimañas jurídicas. Sin embargo, no es la primera vez que un ente público intenta escapar de las cadenas del Derecho Administrativo de una manera indebida y no será la última vez que eso ocurra.

Conforme al artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales. El problema es que, realmente, son muchas las ocasiones en las que ese precepto constitucional tan básico no se cumple, de manera que aquellos que controlan los entes públicos buscan satisfacer, siempre que pueden, intereses puramente privados desvinculados de los ciudadanos.

En muchas ocasiones, los encargados de realizar actividades administrativas de una forma inadecuada se escapan del ordenamiento jurídico con éxito. Sin embargo, no siempre pueden librarse, gracias a jueces y abogados que saben hacer su trabajo.

 

 

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