Bendodo afirma que la Diputación ha cumplido "escrupulosamente" la ley con el Museo Taurino

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha manifestado que la institución provincial ha cumplido "escrupulosamente la legalidad" al iniciar los trámites para rescindir el contrato del Museo Taurino en el edificio de la plaza del Siglo, en la capital, por incumplimiento en el pago del canon establecido por la ocupación del edificio y de sus instalaciones.

Así, a preguntas de los periodistas, ha sostenido que "el que no paga tiene que irse". "Somos los administradores del dinero de todos los malagueños y si no cumple la Administración pública está obligada a actuar", ha defendido Bendodo.

Cuestionado por si el empresario está a tiempo de pagar lo adeudado y, de esta manera, mantener el Museo Taurino, el presidente de la institución ha sostenido que el plazo inicial de pago "se ha cumplido y si no paga se inicia el rescate". "Mi obligación como presidente de la Diputación de Málaga es cumplir la ley sin ningún tipo de atajos", ha zanjado Bendodo.

La Diputación de Málaga anunció la pasada semana el inicio de los trámites para poner fin al contrato del Museo Taurino, según el informe realizado por el servicio de Cultura en el que se constata que el concesionario (Colección Juan Barco, SL) mantiene una deuda con la institución provincial de 153.658,25 euros.

El informe de Cultura concluye que, "por incumplimiento grave del contrato, procede la revocación de la concesión demanial directa del edificio de la Plaza del Siglo a favor de Colección Juan Barco, S L para su uso como Centro de Arte de la Tauromaquia, concedida en mayo de 2015".

A fecha de 14 de diciembre, el concesionario no ha abonado el canon anual de 2015 (41.341,67 euros) ni el de 2016 (62.012,50 euros), a los que hay que añadir sus correspondientes recargos e intereses de demora, ni tampoco los importes relativos al suministro de electricidad, agua e IBI del edificio de la plaza del Siglo.

El pliego de condiciones económico-administrativas que rigen esta concesión establece en su condición diez la obligación del adjudicatario de abonar el canon de ocupación del edificio e instalaciones, y en la condición 16 califica de "incumplimiento grave" la falta de abono del canon, lo que puede ser causa de la resolución de la concesión además de la imposición de una sanción económica de entre 2.000 y 30.000 euros.

También, la legislación estatal básica aplicable (Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas) y la legislación autonómica (Ley 7/1999 de Bienes de Entidades Locales de Andalucía) respaldan que la falta de pago del canon sea considerado un incumplimiento grave y, por tanto, sea causa para extinguir las autorizaciones y concesiones demaniales.

Por otra parte, el informe del servicio de Cultura recoge que, en función de lo establecido en la condición nueve del referido pliego de condiciones económico-administrativas, la garantía depositada por el adjudicatario (153.750 euros) servirá para responder de la incautación que pudiera decretarse en el caso de la resolución de la concesión.