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Al PSOE de Torremolinos se le escapan al menos 20 errores de la Auditoría Externa "por gestionar a golpe de ocurrencia" según el PP


La portavoz del Grupo Municipal de los Populares de Torremolinos, Margarita Del Cid, comenzaba su intervención acerca de la auditoría externa del Ayuntamiento, poniendo de manifiesto que dicha auditoría es fruto del acuerdo de investidura, y que todos los demás grupos municipales han acudido a atribuirse la paternidad y la maternidad compartida de la misma, lo que ha originado que los diferentes partidos políticos ni siquiera se hayan parado a analizar la seriedad de la misma.

Del Cid ha apuntado cómo Izquierda Unida no logra entender por qué los Populares cuestionan el valor legal de este documento, y también cómo desde el partido instrumental, CSSP, se ha afirmado que no importa la legalidad, sino las responsabilidades políticas.

La portavoz Popular, haciendo referencia al artículo 212 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que habla de cómo se reparten las responsabilidades y qué papel ostenta cada uno en la elaboración de las cuentas del Ayuntamiento, ha querido aclarar que es el alcalde el que rinde cuentas, el interventor el que forma cuentas, cuentas que se someten a la Comisión Especial de Cuentas que se llevan después al pleno y que se remiten al Tribunal de las mismas.

El PP ha dejado muy claro que saben cuál es la situación y asumen la responsabilidad en el presente y en el futuro, como también asumen la aportación de ayuda si es necesario. Rigiéndose por esa responsabilidad, no aprobaron el presupuesto del año 2016, ya que tenían un informe de diciembre de 2015 que apuntaba a que esta situación podía pasar. Una situación en la que hay que saber gestionar y gobernar.

Hace una semana, ha añadido Del Cid, se comenzó a hablar de una auditoría externa ante las filtraciones impacientes que buscaban adelantarse a su momento y desvirtuar la anterior gestión municipal. Una auditoría que no está basada en hechos reales.

Margarita Del Cid ha sostenido que aquellos que piden la dimisión de los concejales Populares, deben recordar que no se ha acabado el derecho a la defensa, el análisis de su trabajo actual y pasado, o la garantía. Y que esa falta de convocatoria para rodear instituciones hace que CSSP entre dentro de un estado,en el que no hay cabida para los derechos democráticos.

La portavoz Popular, portando las tres auditorías realizadas, ha informado de que existen al menos veinte puntos relevantes muy importantes y que aún no se han resuelto. Estos veinte puntos que aparecen en las auditorías, son reconocidos por los auditores que afirman desconocer, y que ni son valorados ni son objeto de manifestación alguna; cálculos de las desviaciones de financiación que no se han podido efectuar, ingresos de transferencias corrientes de capital en la misma situación de falta de cálculo, o la información sobre adeudamiento incluido en la cuenta general que no se ha facilitado. Los auditores afirman que no pueden comprobar diversas cuestiones porque no se les ha entregado la documentación necesaria. Y en vez de reflejar la imposibilidad de opinión por parte de los auditores mencionados, éstos emiten su opinión sin portar toda la documentación. Según la norma técnica 3.3.12 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerior de Economía, la obligación de los auditores era negarse a emitir ninguna opinión sobre el estado de las cuentas municipales.

Incluso existe un informe firmado por un interventor de la administración local que afirma que es habitual que en los cambios políticos sea habitual que los nuevos gestores soliciten auditorías externas para desacreditar las anteriores gestiones locales. Práctica que se ha generalizado protagonizada por la posición de las nuevas oposiciones emergentes, que la han insertado en sus programas electorales.

Del Cid ha concluido haciendo alusión a la Ley 40/2015 que habla del régimen jurídico del sector público, y atendiendo al encargo que se realizó, y ajustándose a la legalidad, se tendrían que haber tenido en cuenta todas las entidades que 100 por 100 de naturaleza municipal no están en la auditoría incluidas, que como dice el artículo 2 del Sector Público, forman parte de este Ayuntamiento.

Finalmente, la portavoz Popular ha lanzado una pregunta al equipo de gobierno acerca de la finalidad del Diagnóstico de diciembre de 2015 por el que los torremolinenses pagaron cerca de 50.000 euros, ya que después de recibirse se liquidaron las cuentas del Ayuntamiento con fecha 30 de marzo de 2016, y ya se conocía esta situación.

 

 

 

 

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