Cuando hace cerca de dos años miembros de la UCO registraron la sede del Partido Popular para investigar los martillazos a que habían sido sometido los discos duros de sus ordenadores, pocos, muy pocos, por no decir ninguno de los partidos políticos de la oposición alzaron la voz para comentar que las “fuerzas de seguridad” se habían cargado la democracia en España, muy al contrario aplaudieron el hecho porque estaba amparado por una orden judicial, es decir que el Gobierno, mucho menos el PP, no puede estar por encima de la Ley; y todos acatamos aquella decisión de independencia entre el poder judicial y el partido que sustenta al poder ejecutivo. Y es que por encima lógicamente del PP, y también del Gobierno, existe el Estado de Derecho, o sea, ese ente que ampara, o al menos lo intenta, el sistema democrático que nos dimos en 1978.
Cuando alguien desacata la Ley, la que nos dimos en libertad, el Estado entra con su rodillo, más o menos engrasado, para intentar arreglar los desajustes que se hayan podido dar. Y en Cataluña y más concretamente en su Parlamento, quiérase entender o no, se quebró la Ley hace algo más de un mes cuando se aprobó una Ley de Secesión que, bajo la inocua frase del “derecho a decidir”, intentaba, y lo sigue intentando, crear una República Independiente y quebrar la unidad de la nación española.
Fue por ello que la judicatura -poder judicial-, ordenó al gobierno -poder ejecutivo- que diera los pasos necesarios para que el artículo 1º de la Constitución, aquel que consagra la soberanía del pueblo español, no fuera conculcado por la “fiebre” separatista.
Fue por ello que parte del rodillo estatal, las Fuerzas de Seguridad, mandatadas por la Justicia, entró en acción; acción que por archiconocida no voy a relatar, solamente aplaudir.
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