Hace un par de semanas aparecía en un canal de televisión una mujer al que le ha sido ocupada su vivienda habitual, estuvo tres días fuera, al volver ya estaban en la casa los okupas, habían cambiado la llave y se negaron a marcharse, la policía avisada por ella, le indicó que ellos no podían hacer nada, tenía que denunciar como primera medida.
El movimiento “Okupa” está en auge, ya Barcelona se convirtió hace tiempo en la capital de la ocupación, ahora parece se extiende a mas comunidades.
Una encuesta reciente efectuada por el Instituto Sondea para una empresa de seguridad, pone de manifiesto que cerca del 90% de los españoles cree que la actual legislación beneficia a los Okupas frente a los propietarios y pide que se cambie la ley actual.
En nuestro país parece prevalecer el derecho a la vivienda sobre el derecho a la propiedad, pues el artículo 47 de la Constitución señala:.”Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero el derecho de propiedad no aparece reseñado por ningún sitio.
Los países más desarrollados el derecho de propiedad es “sagrado”, por ejemplo en los EEUU incluso autoriza al propietario de la vivienda a disparar contra toda aquella persona que intente entrar u ocuparla, es cierto que aquí se pasan pues no es de recibo matar a una persona. La actuación de la policía y la justicia en los países de la Comunidad Europea es rápida y eficaz en estos casos.
Aquí hemos llegado a tales extremos que la alcaldesa de Barcelona ha dado instrucciones a la policía municipal para “proteger a los okupas” de propietarios particulares o empresas que pretendan desalojarlos de forma “extrajudicial”, deberán “comprobar” que las personas desalojadas (okupas) lo están siendo en contra de su voluntad.
El propietario de la vivienda ocupada no puede hacer nada, y aquí nos encontramos con otra de las paradojas, la vivienda ha sido ocupada “contra voluntad del propietario” pero esto parece que no tiene importancia, solo merece atención la voluntad del okupa.
Además el propietario de la vivienda debe seguir haciendo frente a los recibos de consumo eléctrico, agua, IBI y demás gastos.
Hay una empresa que se llama “Desocupa” y se dedica precisamente a conseguir que los okupas dejen la vivienda negociando con ellos, pues bien la Sra. Colau ya los ha denunciado a la fiscalía, aunque hasta el momento ha acreditado esta empresa que no ejerce violencia contra estos.
Los propietarios de las viviendas ocupadas pasan un gran calvario desde que presentan la denuncia hasta que son desalojados los okupas, llegan a tardar entre uno y dos años, cuando las reciben la mayoría tienen grandes destrozos.
Hay muchas viviendas principales, adquiridas con el ahorro y el esfuerzo de muchos años de trabajo de ciudadanos que están al albur de estas personas, con las viviendas secundarias es peor, un porcentaje de ellas propiedad de jubilados son alquiladas para obtener unos ingresos extras que complementen una pensión, no hay derecho a que las ocupen.
Creo que para evitar estas situaciones se necesita una reforma legal que proteja al propietario de verdad y se actúe con celeridad y eficacia, pues existe un limbo legal, pero con parte de la clase política que tenemos lo veo difícil
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