“Que se la pague”

Días pasados, de madrugada, en una radio, no recuerdo cual, oí a Dª Susana Díaz, presidente de la Junta de Andalucía, decir: “Quien quiera educación segregada que se la pague”. En su expresión me pareció percibir un cierto tono despectivo. Supongo que la señora Díaz se refería a la educación impartida en clases separadas por sexos que se conoce como educación diferenciada.

Sin embargo usa el adjetivo “segregada”, de mayor potencia discriminatoria, en lugar de “diferenciada” que se refiere a impartir las clases en los centros educativos, cuyos alumnos se separan por sexos.

Es recurrente ese tipo de manifiestos, que no quedan sólo en palabras, “como la vuelta a la caverna”, que así decían, sino que la hacen efectiva. Los medios anuncian la suspensión del concierto con aquellos centros que ejercen la separación de sexos en la educación primaria y secundaria, como al parecer ha hecho la Junta de Andalucía.

Con tal acción ha puesto en “pie de guerra”, innecesariamente, a los centros afectados y a los colegios concertados.

La educación, así como la libertad de enseñanza, es un derecho inalienable de los españoles recogido en nuestra Carta Magna. Por tanto, corresponde a los padres elegir el centro que crean más idóneo para que sus hijos, debidamente escolarizados, reciban la educación adecuada.

Si la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, según consta en el apartado 4 del artículo 27, y si el punto 6 “reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales”, en tales principios no consta que la enseñanza a impartir sea obligatoriamente mixta. 

En cierta ocasión dije en estas páginas: “En la prohibición expresa de la educación diferenciada en los colegios sostenidos con fondos públicos revolotea sin cesar la intromisión en el derecho de los padres. Tal intromisión deriva de un criterio autoritario, dictatorial y sectario.

Recíprocamente, igual de autoritario,  dictatorial y sectario sería el poder que impusiera, con los medios que el  poder se otorga, si decreta obligatoria la educación diferenciada, persiguiendo coactivamente la educación mixta”.

Si como dice Dª Susana los padres que opten por ese tipo de educación, han de pagar por la escolarización de sus hijos en la etapa obligatoria, eso sí es discriminatorio, ya que se les niega el derecho a la educación de sus hijos sostenida con fondos públicos y se les obliga a una doble imposición en sus impuestos.

La Junta de Andalucía y sobre todo la Sra. Presidente, deberían reflexionar sobre su afirmación y rectificar a favor de los derechos de los padres a elegir el tipo de educación que prefieran para sus hijos. No hacerlo, manteniendo su actitud, podría rayar en la prevaricación que, no se olvide, consiste en una decisión injusta, a sabiendas que lo es.