Un preparador de oposiciones infiltrado como evaluador

  El pasado día 20 de marzo, varios sindicatos se comunicaron con la Secretaria de Estado de Justicia sobre un preocupante hecho. Varias personas descubrieron que se había nombrado como miembro de un tribunal de oposiciones a un letrado de la Administración de Justicia que ha estado anunciándose como preparador de oposiciones durante los últimos años través de foros y redes sociales, que permiten encontrar sus datos de contacto. Es cierto que puede ser difícil acreditar que efectivamente haya llegado a prepararlas, pero algún opositor ya indicó que había estado preparándose los exámenes con él durante un breve período de tiempo.

Se establece en el artículo 13 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, que “No podrán formar parte de los tribunales quienes ostenten la condición de alto cargo, según su respectiva regulación, ni aquéllos que hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria”.

El Ministerio de Justicia ya comunicó la renuncia al puesto del protagonista de la historia. El problema es que, con un espectáculo tan bochornoso como el presenciado, se ha dañado la imagen de esta convocatoria, sobre la que ya existen sospechas por la posible filtración de un examen, y la del propio funcionario, que debería haber actuado con honestidad. Además, es cierto que la falta de diligencia y la improvisación del Ministerio de Justicia han tenido una gran relevancia en la ridícula situación que se ha producido.

Hay que pensar que el letrado de la Administración de Justicia sabía que debía rechazar el cargo. Sin embargo, pudo considerar que su participación sería inocua para la convocatoria por no haber tenido demasiados alumnos y que le vendría bien para promocionarse como preparador, pero eso no puede saberse con certeza. Sin embargo, si que no hay duda sobre la cuestionable moralidad de su decisión, que ha constituido un acto perjudicial para los opositores de la Administración de Justicia.