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Los empleados públicos de la Junta de Andalucía recuperan la jornada laboral de las 35 horas semanales


Los empleados públicos de la Junta de Andalucía recuperarán el próximo mes de enero la jornada laboral de 35 horas semanales, implantada en 1999 y suspendida en 2012 por imposición de las normas estatales de reequilibrio económico-financiero. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto ley para la aplicación de esta medida, que mejorará las condiciones de más de 270.000 trabajadores, reforzará la calidad de los servicios y aumentará las oportunidades de empleo público en la comunidad.

La recuperación de las 35 horas forma parte del compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de restablecer durante esta legislatura todos los derechos laborales que se han visto afectados desde 2012, decisión que fue ratificada en el acuerdo del pasado 2 de junio con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

La tramitación como decreto ley, fórmula que el Estatuto de Autonomía prevé por razones de “extraordinaria y urgente necesidad”, permitirá implantar la medida dentro del calendario acordado. El 16 de enero se llevará a cabo en la Administración General, para extenderse después a los sectores sanitario y educativo.

La adaptación de los servicios públicos al restablecimiento de las 35 horas estará sujeta a la negociación colectiva con los representantes de los empleados. En este proceso se tendrán especialmente en cuenta las características del sector sanitario, donde se aplicará en función de los turnos de trabajo diario y los criterios de flexibilidad que se negocien en cada ámbito, mientras que en la Administración educativa la jornada se implantará progresivamente a partir del curso 2017/2018 por razones de organización y planificación del calendario escolar.

La devolución los derechos laborales suspendidos a los empleados públicos se ha venido realizando gradualmente durante los últimos dos años y se completará en esta legislatura. Así, el personal funcionario interino y temporal ya ha recuperado del cien por cien de su jornada y de las retribuciones, que se vieron reducidas en un 25% por el proceso de redistribución del trabajo que se llevó a cabo, frente al modelo de despidos y privatizaciones seguido en otras comunidades. Asimismo, tras años de congelación retributiva, en enero de 2016 ya se aplicó a todos los empleados públicos autonómicos una subida salarial del 1% (máximo permitido por la legislación estatal).

Desde junio de 2015 se han recuperado todas las pagas extraordinarias y también se han realizado este mismo año los dos primeros abonos de la devolución de la extra de 2012, proceso que se completará en febrero de 2017 y de 2018.

De acuerdo con el calendario pactado con los sindicatos, los días adicionales de permiso por asuntos particulares han sido restituidos en las mismas condiciones vigentes en 2012, además de recuperarse los de vacaciones en función de la antigüedad. Igualmente, se recoge el compromiso de revisión del catálogo de enfermedades que son causa del abono del 100% del complemento de incapacidad temporal y de la totalidad de retribuciones correspondientes a los días de ausencia.

El resto de derechos se completará en 2018 y 2019 con la recuperación de la nómina completa, al restituirse el 10% de los conceptos retributivos variables (como los vinculados a productividad o a consecución de objetivos) en dos tramos del 5% cada año. En 2019 se restablecerán también las ayudas de acción social.

 

 

 

 

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