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PP de Mijas informa al fiscal del "desastre ecológico" "permitido" por Maldonado (C's) en un diseminado


El grupo municipal popular del Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ya ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente "el desastre ecológico" que el alcalde, Juan Carlos Maldonado (C,s), "habría permitido en el paraje conocido como la Finca El Pantanillo, en el diseminado Río Ojén".

Según han informado desde el PP de Mijas en un comunicado, allí, un empresario de origen libanés "ha arrasado con más de 30 hectáreas de flora autóctona de la zona --declarada no urbanizable de especial protección en el Plan General de Ordenación Urbana--, y ha construido una edificación de grandes magnitudes así como dos grandes balsas ilegales con capacidad para 32 millones de litros".

Los ediles 'populares' han trasladado a la Fiscalía "hasta 16 documentos que probarían, además del mencionado desastre medioambiental, que Maldonado fue, como máximo responsable de velar por la legalidad urbanística en el municipio así como de la Policía Local, poco diligente a la hora acabar con los desmanes que el propio cuerpo de seguridad local detectó el pasado 21 de enero en la mencionada zona del término municipal de Mijas".

Entre los documentos se encuentran dos informes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), con fecha del 8 de marzo de 2016, "en el que se advierte de la posible infracción de hasta once delitos medioambientales por los hechos ocurridos en la Finca El Pantanillo", han asegurado los 'populares' mijeños.

En estos documentos, además, se da cuenta de que el promotor de los trabajos realizó movimientos de tierra y desmontes "no autorizados, así como la desviación del cauce de un afluente del río Ojén, que está catalogado como una zona de especial protección, para alimentar un pozo ilegal así como la invasión del dominio público hidráulico del citado río a lo largo de 1.000 metros", han añadido en el comunicado.

En este sentido, desde el PP de Mijas han lamentado "profundamente estos hechos, ya que nada ni nadie hará que, a corto plazo, vuelvan las decenas de árboles arrancados ni los numerosos daños ocasionados al ecosistema de la zona". Sin embargo, se han mostrado "satisfechos de cumplir con las competencias de fiscalización y control del equipo de gobierno propias de los concejales de la oposición".

Por último, desde el PP mijeño han manifestado "su colaboración absoluta con la Fiscalía de Medio Ambiente y su confianza en que sabrá señalar a los responsables de esta barbarie natural y depurar las responsabilidades de todos aquellos que las cometieron y las consintieron en el ejercicio de sus competencias públicas".

EQUIPO DE GOBIERNO

La respuesta del equipo de gobierno de Ciudadanos al PP no han tardado en llegar, lamentando "la actitud electoralista y dañina" de los 'populares'. Además, el alcalde de la localidad ha anunciado que interpondrá "una querella contra el Partido Popular de Mijas por denuncia falsa contra su persona".

El equipo de gobierno también ha criticado que el PP intente "sacar rentabilidad mediática de una información que no es real" y de la que han señalado "falta a la verdad".

"Esta vez aseguran que han llevado al alcalde mijeño, Juan Carlos Maldonado, ante la Fiscalía de Medio Ambiente por un atentado ecológico y aportan el escrito presentado ante dicho organismo judicial", han señalado a través de un comunicado desde el equipo de gobierno, por lo que "ante la gravedad de estas acusaciones, el regidor interpondrá una querella contra el Partido Popular de Mijas por denuncia falsa contra su persona por imputarle un delito medioambiental".

Han recordado al PP que las obras a las que se refiere en el Diseminado Río Ojén "contaban con una licencia de obras para un depósito de acumulación de agua y un almacén de aperos", y que el 21 de enero "se advierte de que se están ejecutando desde hacía más de un año --cuando gobernaba el PP-- y que podrían no ajustarse a licencia concedida".

Por ello, han continuado, se personó la Policía Local en la zona, comprobando que "se realizan trabajos de movimientos de tierra y de rebaje de parcela, levantando a tal efecto un acta que se notifica al constructor inmediatamente y por el que se requiere la paralización de las obras con carácter cautelarísimo, en virtud del decreto de 30 de enero 2012, que el propio exalcalde, Ángel Nozal, firmó, facultando de esta manera a los agentes de Policía para paralizar 'ipso facto' cualquier obra que careciera de acreditación administrativa y que ahora no recuerda".

Han lamentado que "dichos extremos" son "obviados" por los 'populares' mijeños, tal vez, han apuntado, "porque soslaya que desmantelaron, intencionadamente, el departamento de Infracciones Urbanísticas, quitando competencia a técnicos y trasladando al personal administrativo para realizar otras labores, con objeto de evitar la imposición de multas coercitivas, sanciones y órdenes de demolición".

Según el equipo de gobierno, "ello suponía una pérdida de votos que el exalcalde y presidente del PP mijeño no estaba dispuesto a admitir, permitiendo que se infringiera la legalidad urbanística vigente, trascendiendo, incluso a la esfera penal, pudiéndose calificar su conducta de delito de prevaricación de los Artículos 404 y concordantes del Código Penal".

Por otro lado, han recordado que en el departamento de Urbanismo, a la llegada de Ciudadanos, su actual responsable, Andrés Ruiz, "encontró diferentes asuntos que cuanto menos eran incumplimientos graves de la legalidad urbanística".

Por todo ello, el actual equipo de gobierno de C's ha aconsejado a Nozal "que lea y estudie detenidamente el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado establecido en el Capítulo V de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el que se articula una serie de derechos para los presuntos infractores que hay que respetar para garantizar su derecho de defensa y la seguridad jurídica", algo que, a juicio del equipo de gobierno de la formación naranja, el PP municipal "no está acostumbrado a respetar".

Así, en el procedimiento de restablecimiento, han explicado, "se han incoado un expediente de restablecimiento, declarando parte de la obra --rebaje de la parcela y movimientos de tierra-- manifiestamente incompatible, lo que ha dado lugar a una sanción y a la imposición de multas coercitivas; requerir a la legalización del resto de las obras, si procede y a ratificar la paralización de las mismas, bajo pena de incurrir en un delito de desobediencia".

Además, el área competente ha levantado acta para ver si las obras del depósito y el almacén de aperos se ajusta a la licencia concedida, "todo esto sin perjuicio de las responsabilidades penales en las que el constructor y el promotor haya podido incurrir y que se pondrán, en su caso, en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente".

Por último, desde el equipo de gobierno han recordado al PP que "no son los más idóneos para dar consejos de conducta medioambiental, pues en su etapa de gobierno permitieron la continuación de lixiviados en el vaso B del vertedero situado en el Arroyo de los Toros del municipio mijeño, circunstancia ésta que sí es un delito medio ambiental regulado en el Artículo 325 del Código Penal".

Al respecto, han recordado que el grupo municipal de Ciudadanos "ha destinado una partida presupuestaria de 1,2 millones de euros para el sellado del vaso B del citado vertedero, con objeto de impedir que se siga provocando un daño irreversible al medio ambiente y a la salud de las personas".

 

 

 

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